La credibilidad de las administraciones públicas está en juego. En un contexto donde la confianza ciudadana se erosiona, garantizar la transparencia y la integridad en la gestión pública no es una opción, sino una necesidad. No basta con implementar políticas; es imprescindible gestionar los recursos con rigor y responsabilidad para consolidar instituciones sólidas y respetadas.
En este contexto, resulta imprescindible inculcar una cultura del cumplimiento, que no solo debe entenderse como una exigencia normativa, sino que debería ser el pilar fundamental para garantizar la transparencia, la eficiencia y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
En España, la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015 estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas, marcando un antes y un después en la exigencia de controles internos para evitar delitos en el ámbito público.
Sin embargo, la misma no resulta de aplicación directa al Estado o a las administraciones públicas (estatales, autonómicas o locales), ni tampoco a aquellas sociedades que ejecuten políticas públicas o presten servicio de interés económico general. Échenle la culpa al artículo 31 quinquies del Código Penal.
A pesar de ello, lo cierto es que el cumplimiento normativo en la administración pública debería ir más allá del acatamiento de la ley; debería implicar la adopción de mecanismos y prácticas que aseguren una gestión íntegra y responsable.
En el contexto europeo, la evolución normativa ha sido determinante en la lucha contra el fraude y la corrupción. Así, la Comisión Europea ha impulsado la exigencia de controles reforzados en los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia, estableciendo la obligación de desarrollar medidas antifraude para garantizar que los fondos europeos sean gestionados con integridad y eficacia. Como resultado, las administraciones públicas han debido adaptar sus sistemas de control a estas nuevas exigencias, incorporando herramientas más avanzadas de supervisión y auditoría.
En este marco, los planes de medidas antifraude han cobrado especial relevancia, pues deben garantizar la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en el uso de fondos públicos. Su implementación implica la aplicación de metodologías de análisis de riesgo, la creación de protocolos de actuación y la instauración de mecanismos de denuncia eficaces y protegidos, es decir, la implantación de un sistema de cumplimiento con una sola finalidad: prevenir el fraude y fiscalizar el destino de los fondos.
A nivel internacional, la norma ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno ha sido un referente en la prevención de prácticas corruptas en las administraciones públicas. Instituciones que operan bajo estándares reconocidos, como la ISO 37001 y los planes de medidas antifraude exigidos por la Unión Europea, son percibidas como socios confiables por organismos multilaterales y entidades financieras. Esto no solo refuerza su credibilidad, sino que también abre nuevas posibilidades de inversión y desarrollo.
Sin embargo, sabemos que de poco vale imponer. Para que la cultura de cumplimiento sea realmente efectiva, es imprescindible el compromiso de los altos cargos y responsables institucionales. La ética y la integridad deben ser promovidas desde la dirección de cada organismo y por cada autoridad, estableciendo un modelo de conducta que se extienda a toda la estructura administrativa.
La evaluación constante del riesgo resulta fundamental para detectar vulnerabilidades y diseñar estrategias de prevención adecuadas, además de demostrar el compromiso con la integridad antes mencionado. La capacitación continua en ética y normativa de cumplimiento debe ser una prioridad en la formación de los servidores públicos, asegurando que cuenten con las herramientas necesarias para actuar conforme a los principios de integridad y transparencia.
La administración pública opera en un entorno cambiante, por lo que sus estrategias de prevención y control deben actualizarse constantemente para responder a los nuevos desafíos normativos y operativos.
En esta dirección, resulta imprescindible remarcar la evolución de los canales de denuncia. La Ley 2/2023 ha supuesto un avance significativo en la protección de los informantes, garantizando que puedan reportar irregularidades sin temor a represalias. La existencia de mecanismos seguros y anónimos no solo fomenta la denuncia de malas prácticas, sino que también actúa como un disuasivo frente a conductas ilícitas.
En nuestro país, más allá del cumplimiento formal, el reto está en integrar estos principios en la identidad institucional, logrando que la ética y la integridad sean valores esenciales en la gestión pública.
Inculcar una cultura de cumplimiento en las administraciones públicas no debería verse como una carga burocrática, sino como una estrategia para fortalecer la eficiencia y la confianza en las instituciones. Además, solo puede generar beneficios como la posibilidad de recuperar la confianza ciudadana, cuestión no baladí.
O la percepción de transparencia y rendición de cuentas que, sin duda, reforzaría la legitimidad de unas instituciones con una imagen cada vez más deteriorada, puesto que el cumplimiento normativo contribuye a minimizar riesgos legales y financieros. El establecimiento de controles eficaces optimiza la gestión de recursos públicos, evitando pérdidas económicas derivadas de prácticas irregulares y reduciendo la exposición a sanciones.
Sin integridad y transparencia, la confianza en las instituciones seguirá deteriorándose. Apostar por el cumplimiento normativo no es solo una obligación legal, sino un compromiso con una sociedad más justa, eficiente y democrática. No se trata de cumplir por cumplir, sino de construir una cultura basada en la ética, la responsabilidad y la excelencia en la gestión pública.
Por Elisa Ojeda Arregui, directora de la oficina de Valladolid de act legal Spain.
Publicado en Confilegal.