El nuevo Estatuto del Becario, cuya entrada en vigor es inminente, ha reabierto el debate sobre cómo deben articularse las prácticas formativas en España. Aunque nace con la intención de mejorar los derechos del alumnado y evitar abusos laborales, su enfoque ha generado dudas tanto en el ámbito empresarial como en el educativo.
Mónica Cid, socia laboral de act legal Spain, ha sido una de las voces expertas consultadas por El Mundo en un extenso reportaje sobre esta nueva normativa. En su análisis, destaca la necesidad de contar con un marco legal que no sólo sancione, sino que garantice prácticas útiles, formativas y justas para los estudiantes.
“Las medidas disuasorias son necesarias para evitar que las prácticas se conviertan en una vía encubierta de contratación, en las que se asignan tareas administrativas o sin valor formativo”, explica Cid.
La norma prevé límites al número de becarios y retribuciones mínimas para compensar gastos, además de redefinir el papel del tutor, que pasa a ser un verdadero mentor. Para la abogada, estos cambios son fundamentales para asegurar una evaluación real del proceso de aprendizaje.
Desde act legal Spain, observamos con interés cómo esta regulación puede contribuir a mejorar la calidad de las prácticas, siempre que se base en un diálogo que incluya a todos los actores implicados: empresas, estudiantes, universidades y administraciones públicas.
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