Madrid y Barcelona no son ni para solteros ni para jóvenes, o, por lo menos, no lo son si tenemos en cuenta el precio de los alquileres. Así, en estas dos grandes urbes el precio del alquiler ha aumentado, sólo en el último año, un 13,6% y un 12,4%, respectivamente. Esto supone que, en estas ciudades, se destina más del 40% de su sueldo al alquiler.
Como era de esperar, tras la alarma social generada por este incremento de precios, el Gobierno está intentando tomar cartas en el asunto. Pero no en solitario, pues son las comunidades autónomas y sus ayuntamientos quienes deben implementar las distintas medidas que se proponen desde el Gobierno, o en su defecto, crear soluciones alternativas.
Similitudes y diferencias
Desde luego, el papel de los ayuntamientos es crítico. De ahí que estemos observando muchas similitudes, pero también diferencias entre Madrid y Barcelona -dos grandes referentes a nivel nacional- a la hora de abordar esta problemática.
Así, en lo que respecta a la escasez de oferta, ambas comenzaron a limitar -llegando incluso a impedir- la concesión de licencias para viviendas y apartamentos de uso turístico. La intención era clara: si no se alquilan por Airbnb (o similares) los propietarios empezarán a arrendar sus inmuebles como vivienda habitual.
Lamentablemente, con esta medida ninguna de estas ciudades ha obtenido el resultado esperado.
Prueba de ello es que recientemente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, ha decidido que no se van a conceder más licencias de este tipo en la capital española hasta conseguir una ley más eficaz y contundente. Por su parte, Barcelona acaba de aprobar la posibilidad de no renovar, y por tanto extinguir, las licencias de las zonas tensionadas.
Aunque parezca complejo es una cuestión sencilla. La idea es que si las licencias que existen en estas zonas no pueden renovarse, de aquí a 2028 podrían llegar a desaparecer más de 10.000 pisos turísticos que, con suerte, se destinarán a vivienda habitual.
Sin embargo, este tipo de medida no ha sido del todo efectiva, pues no todos los inmuebles sin licencia se han destinado a vivienda habitual.
Entonces, si este tipo de soluciones por sí solas son insuficientes, ¿qué es lo que están haciendo estas dos grandes ciudades? Es aquí, precisamente, donde entra en juego la pretensión de regular el precio del alquiler y el fomento de ayudas a los arrendatarios.
La situación en Barcelona
En este contexto, Barcelona se ha acogido a la Ley de Vivienda para declarar zonas tensionadas y, con ello, ha podido limitar el precio del alquiler de larga duración de
sus barrios más emblemáticos.
Pero la cuestión se complica. Claramente, la picaresca española no tiene límites. Así, los arrendadores, privados de licencias para arrendamientos cortos (que son muy
jugosos por sus condiciones y precios) y viendo limitados sus ingresos en los arrendamientos de larga duración, han optado por dos alternativas intermedias contempladas en la normativa: el arrendamiento de temporada y/o el de habitación.
Esto es, cuanto menos, preocupante, ya que una medida que pretende el acceso a una vivienda digna asequible ha terminado por hacer todavía más precaria la situación: los inquilinos pagan lo mismo (o más) sin la garantía temporal que brinda el alquiler de larga duración.
Ante la trampa de los arrendadores de fijar una duración del contrato de alquiler de menos de 11 meses para caer en la figura del contrato de temporada, no queda más remedio que reforzar el resto de las modalidades contractuales.
Y así, llegamos al reciente Real Decreto Ley 6/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, con el que se obliga a los arrendadores de vivienda por temporada y habitaciones a limitar el precio máximo legalmente establecido.
Lamentablemente, este Real Decreto fue derogado tan solo dos semanas después de su publicación, por lo que Barcelona vuelve a la casilla de salida.
¿Y en Madrid?
Pero ¿qué está pasando, mientras tanto, en la capital? Pues en este caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que fijar zonas tensionadas y controlar los precios no es la solución. Y quién sabe, quizás tenga razón porque, entre otras cosas, es prácticamente imposible comprobar la legalidad
de todos y cada uno de los contratos de arrendamiento que se suscriben en la capital.
Pero no nos debemos dejar engañar. Lo anterior no significa que no les preocupe la subida del precio, sino simplemente que no le convence esta forma de corregir los
desajustes en el precio y buena prueba es la recientísima Ley 5/2024 de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida.
Esta ingeniosa solución permitiría que los dueños de oficinas, muchas de ellas desocupadas por el aflore del teletrabajo en la era post-covid o los altos precios,
puedan, previo cumplimiento de los requisitos legales, convertirlas en viviendas de protección oficial que deberán destinarse a alquiler. Con ello se incrementaría en más de 20.000 el número de viviendas de protección oficial para alquiler en la Comunidad de Madrid.
La decisión adoptada es bastante creativa y ya está siendo estudiada por otras comunidades, como Andalucía, para su aprobación e implementación. No obstante, debemos tener en cuenta que la medida podría no llegar a ser efectiva, pues los ayuntamientos pueden negarse a aplicarla, o incluso, poner requisitos más estrictos
para conceder el cambio de oficina a Vivienda de Protección Oficial para arrendamiento.
Como vemos, la cuestión no es sencilla.
Habrá que esperar a ver cuál de las opciones planteadas consigue que Madrid y Barcelona puedan volver a ser ciudades para todos los públicos.
