España se encuentra en el punto de mira por no cumplir con la plena implantación del permiso parental y ello podría acarrearle sanciones millonarias. La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por el retraso en la implementación de la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo, cuyo plazo de transposición finalizó el pasado día 2 de agosto de 2024 y cuya normativa busca promover la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Se trata, con ello, de un retraso que afecta a miles de familias. Pero, ¿qué es exactamente el permiso parental? ¿Qué pasos tiene que dar el Gobierno español para alinearse con las exigencias de la Unión Europea?
El permiso parental permite a los trabajadores cuidar a sus hijos y/o menores acogidos hasta que estos cumplan ocho años. Gracias a este permiso, cada trabajador tiene derecho a un total de ocho semanas de cuidado, que puede utilizar de manera continua o alternada hasta que el menor cumpla esa edad. Este derecho es aplicable por cada hijo o menor acogido, lo que significa que no se otorga un único permiso para todos los hijos, sino que se acumula por cada uno.
La Directiva 2019/1158 establece unos estándares mínimos para que los Estados miembros garanticen mecanismos efectivos de conciliación entre la vida laboral y familiar. Entre sus objetivos, se busca asegurar que ambos progenitores disfruten de, al menos, dos meses de permiso parental, intransferibles entre sí, y que además esté adecuadamente remunerado. De esta forma, se fomenta una mayor participación de los padres en el cuidado de los hijos.
Plazos e incumplimiento de España
La directiva fue adoptada en 2019, otorgando a los Estados miembros tres años para su implementación. La mayoría de las disposiciones debían aplicarse antes de agosto de 2022, pero la obligación de remunerar las últimas dos semanas del permiso parental se aplazó hasta agosto de 2024. España, sin embargo, no cumplió con dicho plazo. En julio de 2024, el Gobierno anunció que pospondría la retribución de esas semanas hasta las negociaciones presupuestarias de 2025.
Como resultado ante tal incumplimiento, la Comisión Europea envió a España una carta de emplazamiento, el primer paso en un proceso sancionador por no acatar las obligaciones comunitarias. El país dispone ahora de dos meses para rectificar la situación, de lo contrario, podría enfrentarse a sanciones económicas. En este caso, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ya había advertido que las multas podrían alcanzar los 7 millones de euros y aumentar si el incumplimiento persiste.
Consecuencias del retraso
El incumplimiento de España afecta directamente a las familias, prolongando el acceso a un permiso parental completamente remunerado. Esta falta de apoyo económico podría impedir que muchos trabajadores disfruten del tiempo necesario para cuidar a sus hijos sin comprometer sus ingresos.
Aunque España no ha cumplido, aún tiene margen para corregir esta situación antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea imponga sanciones. El Gobierno ha mostrado su intención de incluir la retribución de las últimas semanas del permiso parental en los presupuestos de 2025, lo que podría resolver el conflicto antes de llegar a la fase final del procedimiento.
¿Cómo impactará la entrada en vigor de la directiva en las empresas y trabajadores?
La transposición total y efectiva de la Directiva 2019/1158 implicará lo siguiente:
(i) Los trabajadores podrán disfrutar de hasta ocho semanas de permiso parental completamente remuneradas, sin afectar sus ingresos, favoreciendo la conciliación familiar.
(ii) Las empresas deberán ajustar sus políticas internas para gestionar los permisos; contar con una planificación de reemplazos, cubriendo las necesidades que puedan acaecer.
(iii) Las sanciones para las empresas que no respeten estos permisos pueden alcanzar los 7.500 euros por trabajador afectado. Además de posibles reclamaciones judiciales por parte de los empleados.
Por ello, contar con un asesoramiento especializado en materia laboral será clave para que las empresas sepan cuándo y cómo cumplir con estas obligaciones, evitando sanciones y garantizando que todo esté bajo control antes de que surjan problemas.
Víctor Mamolar Laorden, asociado senior en act legal-Spain.
