Últimamente encontramos en muchos informes sobre predicciones de futuro laboral, que los trabajos venideros y más demandados serán aquellos especializados y expertos en las nuevas tecnologías: analista de big data, ingeniero de reciclaje, conductor de drones, diseñador de realidad virtual, nano-médico, etc. Es decir, las profesiones tradicionalmente ligadas a las humanidades (derecho, psicología, literatura, etc.), y no digamos los trabajaos no cualificados (camareros, dependientes, conductores, etc.), según las estimaciones de estos estudios, tienen los días contados.
Independientemente del grado de verdad que arrojan estos informes, es cierto que los trabajos existentes hasta hace poco van a tener que adaptarse- con más intensidad que la adaptación existente hasta el momento, generada por la competencia y avances presentes en cualquier sector- a la revolución digital que vivimos hoy en día, lo que se traduce en una serie de conocimientos mínimos: defenderse en vocabulario y conceptos informáticos, trabajar en colaboración con perfiles técnicos, utilizar herramientas digitales más eficientes que el trabajo manual, entre otras habilidades.
Como el título indica, nos centraremos en este post en el proceso de adaptación digital del sector jurídico y, concretamente, de las personas que lo componen, principalmente abogados. Para ello, hemos de tener un esquema de dos circunstancias relevantes; en primer lugar, las aptitudes tecnológicas actuales de los abogados y las aptitudes tecnológicas que se encuentran en las facultades, escuelas y masters de derecho. En segundo lugar, debería analizarse las aptitudes jurídicas que tienen los “tecnólogos” (ingenieros informáticos o de telecomunicaciones, matemáticos, físicos, etc.) y los estudiantes de estas carreras.
Derecho y Programación: conocimientos enfrentados
Dicho esto, creo que no hace falta citar ningún informe- porque no tengo constancia del mismo- en el que se ponga de manifiesto que ni los abogados tienen conocimientos suficientes de tecnología, ni que los “tecnólogos” tienen conocimientos jurídicos suficientes, y esto es porque es evidente. Desde siempre, los estudios universitarios se han dividido en carreras de “ciencias” y carreras de “letras”, y cada miembro de una u otra comunidad estaba satisfecho y orgulloso de su pertenencia a la rama correspondiente y su consiguiente conocimiento experto en ingeniería, matemáticas, derecho, medicina, psicología o literatura. Del mismo modo, nunca les ha importado su desconocimiento de ramas “opuestas” a aquellas que dominaban pues, en primer lugar, no existían tecnologías que permitieran agilizar o mejorar los procesos legales y, en segundo lugar, no existía tanta sobrerregulación como en la actualidad, por lo que los abogados podían llevar una cantidad de asuntos proporcionada y aportar valor a la mayor parte de ellos. Por tanto, no había una necesidad de automatizar procesos mecánicos que no aportaban valor. Sin embargo, este panorama ha cambiado radicalmente en la actualidad.
Surgimiento de tecnologías aplicables al sector jurídico
Respecto al surgimiento de tecnologías que permiten al abogado ser más eficiente, no cabe duda de que estamos viviendo una revolución al respecto, pudiendo destacar las siguientes tecnologías:
- Inteligencia artificial: ya existen herramientas que predicen fallos judiciales o resuelven consultas jurídicas sencillas, como es el caso de Ailira, un chatbot diseñado en Australia que se autodenomina “The Law Firm Without Lawyers”.
- Digitalización de documentos: a pesar del desconocimiento de las mismas por gran parte del sector jurídico, existen numerosas soluciones que agilizan la redacción de documentos, automatización de los mismos o agregación de elementos dinámicos a los mismos (desplegables, tablas, autorrelleno, cálculos, cláusulas, etc.), como es el caso de Docxpresso, una empresa española pionera en la digitalización de documentos legales y firma digital.
- Blockchain: sin entrar en sus detalles técnicos ni en la infinidad de aplicaciones que posee, esta tecnología es capaz de dar fe del contenido cualquier archivo, su fecha de creación, la identidad de los firmantes, y puede convertirse en un suplente de los registros públicos (Propiedad, Mercantil, etc.), pues lo que se sube a esa red o cadena (no es más que un registro descentralizado) es prácticamente inalterable e “inhackeable”.
- Plataformas CRM: los despachos con una cantidad considerable de clientes no pueden permitirse perder tiempo en introducir papeles en archivadores, realizar comunicaciones a los clientes mediante correo postal- o incluso vía email pero de forma mecánica- o llevar un sistema de facturación en papel o almacenado de forma desordenada en carpetas abiertas en un CPD. Por ello, deben obtener un CRM orientado al sector jurídico y adaptado a sus recursos.
La lista de soluciones tecnológicas que podrían aplicarse a problemas legales es inabarcable.
Áreas jurídicas que requieren de modernización y automatización
Por otro lado, si bien hemos visto que existen tecnologías punteras, al contrario que ocurría en el pasado, también es destacable el surgimiento de áreas del derecho en las que existe, como se indicaba, una sobrerregulación y una burocracia que los abogados de hoy en día no pueden abarcar si no es mediante apoyo tecnológico.
Algunas de estas áreas son las reclamaciones por retrasos, accidentes, los contratos de adhesión- principalmente motivado por el auge del eCommerce-, las auditorías o adecuaciones de protección de datos, las labores de secretaría de sociedades, trámites con la Administración, etc.
Tras este breve análisis de, por un lado, la tecnología existente y, de otro, las áreas a las que cabe aplicarse, cabe preguntarse quiénes son los encargados de desarrollar estas soluciones tecnológicas, pues, como se apuntaba más arriba, no hay muchos abogados cuyo hobby sea la programación blockchain, ni informáticos que se entretengan leyendo el BOE cada mañana.
La respuesta es sencilla: o bien se crean equipos de abogados y “tecnólogos” para trabajar en común en soluciones LegalTech, o los abogados empiezan a aprender programación, o bien los programadores empiezan a conocer la práctica y el sistema jurídico. Por lo tanto, reformulando la pregunta que encabeza este post:
¿Deben los abogados saber programar?
En nuestra opinión, la respuesta dependerá del campo jurídico en el que esté especializado dicho abogado. Parece difícil que, a corto plazo, un abogado penalista o un juez tengan que tener conocimientos de programación. Sin embargo, un abogado especializado en nuevas tecnologías debería, no sólo conocer ciertos lenguajes de programación, sino ejecutar algún que otro programa, siendo un requisito indispensable en los abogados del área LegalTech. Así, un abogado LegalTech es más eficiente si, no sólo concibe una idea para un problema legal, sino que conoce las herramientas que deben emplearse, dónde encontrar capital humano especializado en dicha tecnología y los recursos (tiempo, dinero, etc.) necesarios para llevar a cabo dicha solución LegalTech.
Ahora bien, no es fácil que una persona que ha estudiado la carrera de derecho conforme al plan actual (Bolonia)- que a efectos prácticos no cambia demasiado en comparación con el plan anterior- pueda tomar la iniciativa y coger soltura de forma sencilla en el aprendizaje de la programación. Por tanto, ¿cómo debería enfocarse este asunto? No habría mejor solución que impartir estas materias en las universidades. Tan sólo dos o tres asignaturas obligatorias bastarían para ofrecer a los futuros abogados una visión del funcionamiento de la informática, conocimiento de los lenguajes de programación- Python, Java, Html, Php, Solidity (para smart contracts en Ethereum)- y la metodología de desarrollo de una herramienta LegalTech.
Es cierto que ya se están impartiendo estas materias especializadas en el sector jurídico en determinadas escuelas (“Doble Master en Derecho, Tecnología y Emprendimiento”, del IE), pero no es suficiente si queremos que España sea un referente sólido y duradero en el sector LegalTech.
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